27/04/08
Fuente: El Tábano
Señora presidenta: hoy hemos estado nuevamente en contacto con el horror, con la ignominia, con un régimen que secuestraba, torturaba, encerraba a personas en cárceles clandestinas, mataba y hacía desaparecer gente.
Cuanto más estamos en contacto con aquel espanto que vivió nuestro país, más siento la necesidad de alejarme de esos procedimientos, de esos estilos, de esos modos que nos sumieron en la barbarie, en la noche más negra de la historia argentina y quizás en una de las más negras del mundo. ¿Qué significa alejarse? Precisamente, respetar el derecho y la ley.
En el debate que hubo esta mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que por cierto fue muy rico, y en el debate extenso pero fructífero que tenemos hoy en la Cámara, afortunadamente nadie ha defendido al terrorismo de Estado; nadie ha defendido al régimen de ignominia, cosa que sí ocurría en esta Cámara en los primeros años después del reestablecimiento de la democracia, cuando algunas bancadas reivindicaban de una forma u otra el terrorismo de Estado.
Afortunadamente eso no se ha visto hoy; nadie revindica las amnistías encubiertas que fueron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; nadie reivindica los indultos. Personalmente celebro y apoyo la política de derechos humanos de este gobierno y del anterior, que reabrió los juicios por violación a los derechos humanos. Celebro que así sea y estoy dispuesto a apoyar esa política, como lo he venido haciendo.
Ahora bien, hay un fallo de la Corte y un artículo de la Constitución Nacional –el 70- que no podemos dejar de vincular. La Cámara pudo haber cometido un error en el año 2006, pero hay un fallo judicial de la Corte Suprema y la paradoja del sistema constitucional argentino es una rara contradicción, que ha funcionado muy bien en la Argentina y en los Estados Unidos. La contradicción reside precisamente en el hecho de que el presidente es electo por el voto popular. Los senadores y diputados son elegidos por el voto popular también. Pero una Corte Suprema de cinco, siete o nueves miembros no es elegida por el voto popular, sino de una manera indirecta. Es decir que provienen de la soberanía del pueblo. Se eligen mediante una combinación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Esas cinco o nueve personas que no fueron electas por el voto popular, cuando surge una discusión sobre la interpretación de la Constitución, tienen más fuerza que el presidente y que los diputados o senadores que fuimos elegidos por el voto popular. Este es el sistema argentino: el control judicial de constitucionalidad. Y en este sentido no ha funcionado demasiado mal.
Es cierto que existieron interrupciones constitucionales, aberraciones y violaciones, pero en alguna medida este sistema no fue negativo y está vigente. Entonces, el fallo, más lo que prescribe el artículo 70 de la Constitución Nacional que habla de que para suspender a un diputado o a un senador en sus funciones debe existir un juicio público, desde mi modesta opinión supone que la persona que hoy ha sido cuestionada como diputado debe tener un juicio público como éste para ser desaforada –es la expresión que utiliza la Constitución en su artículo 70‑, donde no se va a valorar su culpabilidad ni si va a ser detenida o no, sino que va a tenerse en cuenta si debe o no procederse a su desafuero.
A la persona que hoy está cuestionada se la ha calificado de esto y de aquello, como si estuviéramos juzgándola y condenándola. No, el juicio público es para ver si el expediente judicial que viene a nuestras manos amerita o no el desafuero para quede a disposición de la Justicia. Si los elementos que tenemos hoy a la vista no convalidan el desafuero, teniendo en cuenta que la investigación judicial debe seguir en treinta o sesenta días, si contamos con más elementos, podremos resolverlo. Pero ahora sí tenemos elementos como para desaforarlo.
Permítanme hacer un poco de historia. Entre 1948 y 1949 fueron desaforados y/o separados de la Cámara cuatro diputados radicales. El doctor Ricardo Balbín, presidente del bloque radical, por pedido de un juez de Rosario por expresiones duras que había emitido a un ruralista; el doctor Agustín Rodríguez Araya; el doctor Ernesto Sanmartino; y el diputado Atilio Cattáneo, que era militar de profesión.
Los cuatro tuvieron el juicio público en tiempos de enfrentamiento, de dureza y de rigor. Tuvieron el juicio público y fueron desaforados con la mayoría de los dos tercios de la que habla la Constitución. Inclusive contaron con la posibilidad de defenderse y de explicar que el desafuero podía ser político o que no correspondía. Eso me obliga a respetar el juicio público para cualquiera de los diputados que pueda ser desaforado, aunque este mecanismo implique que la Cámara sea desmembrada.
Treinta años después de aquellos acontecimientos por los que el doctor Balbín fue desaforado vinieron también tiempos de intolerancia, violencia, y violación de la ley. Apareció la Triple A, que me amenazó e intimidó a dejar el país, puso una bomba que destruyó el frente del diario que yo dirigía en ese momento y lo ametrallaron. Finalmente la Policía Federal, que en definitiva era lo mismo que la Triple A, porque funcionaba allí, me detuvo y permanecí preso durante seis meses. ¿Quién me defendió? El doctor Ricardo Balbín.
Otro que me defendió y pidió por mí fue un gran dirigente político, una gran persona, el diputado peronista por Tucumán Nicasio Sánchez Toranzo, que presidió esta Cámara. Ellos defendían a quienes se les violaban sus derechos humanos y a los que no se les respetaban las garantías individuales, sin preguntar de qué partido eran ni ninguna otra cosa: defendían los derechos humanos, la legalidad y el imperio de la Constitución y la ley.
Yo me comprometí a respetar los ejemplos de don Ricardo Balbín y de Ricardo Sánchez Toranzo. No pertenezco al partido de la persona que hoy se propone desaforar ni compartí una boleta electoral con él, como esa que se ha leído del partido oficialista, que está circulando, y en la que figura quien está a punto de ser desaforado.
He condenado y condeno todas las violaciones a los derechos humanos, pero por respeto a un fallo de la Corte Suprema, en defensa de las garantías constitucionales, ciñéndome a lo prescripto por el artículo 70 de la Constitución Nacional y en memoria de esos grandes repúblicos que fueron Ricardo Balbín y Nicasio Sánchez Toranzo –uno radical y otro peronista‑, que con su actitud, su generosidad y sus ejemplos me enseñaron a respetar los derechos humanos y a alejarme de toda violación de ellos, reitero que voto en disidencia el dictamen de mayoría que suscribí esta mañana. (Aplausos.)
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