Por Dr. Gustavo Demarchis
06/8/08
La mera observación de la realidad esta demostrando que los delirantes proyectos sobre seguridad, informados por fundamentalismos ideológicos abstractos, carentes de sentido común, han operado a favor del delito y los delincuentes.-
Estos planteos, supuestamente “garantistas”, impregnaron previamente la tarea legislativa con las leyes de impunidad y morigeración o elusión de las penas por delitos cometidos y, al llegar a la actividad jurisdiccional, han adquirido un alto grado de causalidad con la agobiante inseguridad que padece la República cuya sociedad esta siendo victimizada por el “garanticidio” sin solución de continuidad.
No se puede convertir a los efectos en causas.- La pulsera magnética no fue la generadora del oprobio, sólo es un detonante de un sistema injusto que posibilitó decisiones abyectas como la que determinó la soltura de un delincuente y asesino de las características de quien cometió el cuádruple crimen que conmueve incluso, estimo, al “garantista” que los posibilitó.-
Creer que el problema está en la mayor o menor eficiencia de la “pulsera magnética” es un reduccionismo severo y solo sirve para disimular y ocultar las falencias de un sistema perverso operado por delirantes. Sería como atribuir al cañón las atrocidades de la guerra.
Desde hace más de una década estamos siendo sometidos a un monólogo en favor del carácter absoluto de las garantías de los delincuentes sin importar que nuestra Constitución no admite derechos absolutos.
Se asiste a un soliloquio en nombre del garantismo de los procesados e imputados que no se compadece con la realidad social. Se ven las cosas desde una perspectiva y punto.-
Poco importa que los delincuentes, mientras impera la generosidad intelectual de los garantistas, conculcan todos los derechos y garantías de quienes no delinquen.- Claro que esta “generosidad” es temeraria, no se desarrolla a costa de quienes la vociferan, por el contrario quien la paga y abona es el ciudadano común.
Hay una relación directa entre el agobio e indignación social por la inseguridad imperante y la liviandad con que se trata el tema de la seguridad.- Muchas veces, el tema , es incorporado de manera oportunista en la escuálida agenda previa a las elecciones que confecciona la política electoralista para ser, luego, abandonado en la gestión de gobierno.-
Por ello la situación se agrava día a día, con autoridades y jueces sin sentido de la responsabilidad social de sus cargos, dejando, en su derrotero, una constelación de víctimas que sindica a la Argentina como el país donde la inseguridad física y jurídica más ha crecido en América.
Hoy en tanto Colombia, Centroamérica y el Caribe el temor es la “argentinización”, entendiendo por ese término el crecimiento incontrolable de la inseguridad.-
Va de suyo, entonces, que resulta evidente la responsabilidad de quienes tienen el mandato constitucional de preservar los derechos y garantías constitucionales más elementales.- En lugar de ello parecen ocuparse y preocuparse en brindar pleitesías a ideologías o posturas que lo único que han garantizado son los privilegios liberticidas de los delincuentes.-
De ahí, como no podría ser otro modo, frente a la injusta impunidad de los delincuentes, ocupan los supuestos “garantistas” un lugar destacado en la asignación de responsabilidades.-
Es incontrastable e inexcusable la responsabilidad de los operadores del sistema de justicia autotitulados “garantistas” frente a la inseguridad letal y sin parangón que padece la maltratada República Argentina.
Esta penosa realidad, cargosa para muchos integrantes del Poder Judicial, se contrapone con la información comparativa que nos indica que la Argentina esta dentro de los países que asigna mayor presupuesto a la administración de justicia y que, asimismo, posee uno de los mayores promedios de empleados públicos por Juzgado con menor cantidad de causas por magistrado.- No se podrán excusar o eludir su incidencia en la inseguridad: hay más “Schiavos” que los que la sensatez recomienda y la sociedad soporta.-
Este cotejo, entre la asignación de recursos y los magros resultados obtenidos, permitiría asegurar que la Argentina invierte en ineficiencia. También que el pueblo financia a quienes liberan a sus verdugos.-
En nuestro país; donde los delincuentes roban, matan, secuestran y violan personas “a plaisir”; una parte importante de la “administración de justicia” parecería que sólo se satisface a si misma y que el Poder Judicial fuera un fin en si mismo y no un órgano integrante del Poder de la República que debe prestar un servicio eficiente, como es afianzar la Justicia.
En efecto, el poder judicial, que comparativamente esta en una situación de privilegio salarial y de prestación de trabajo con respecto a similares de la actividad privada, expresa, de manera harto elocuente, la falta de respuesta por parte del Estado ante el avance del delito organizado.- Este , además, se presenta a menudo bajo la forma de una “delincuencia guerrera”, planteando una especie de doctrina social justificante de sus más aberrantes crímenes, paradójicamente proveída por jurisprudencias basadas en el “garantismo”.-
Poco importa que, a la hora de la necesaria rendición de cuentas, los responsables exhiban legitimidad de origen si, desde la gestión, no han acreditado la mínima eficiencia que una comunidad organizada, asediada a diario por el crimen cotidiano e impune, requiere de sus “empleados”.
Estamos con el “garantismo” en el declive de la inteligencia. “La inconsciente que dirige el instinto de supervivencia y la consciente que dirige la facultad de entender, de aprender, de juzgar y por lo tanto de distinguir entre el Bien y el Mal” (Fallaci, Oriana “La FUERZA de la RAZON” pag. 293-Edit: La Esfera de los Libros –Segunda Edición – Florencia 2003)
El Cambio estructural se impone, el sistema “garantista” ha fracasado y resultó groseramente costoso en vidas y padeceres y, en realidad, se terminó por manifestar como un engendro “garanticida”.
Es hora de retornar a la sensatez, nunca es tarde para abandonar el delirio.- Se debe poner el Derecho Procesal al servicio del Derecho Penal para que este cumpla su cometido de prevención y sanción.- El procedimiento penal debe abandonar su funcionalidad actual en favor de la impunidad y del negocio de quienes viven directa o indirectamente del delito.-
La Justicia debe ver lo que se ve, no lo que le “dibuja” el exceso ritual formalista o la ficción “garanticida”.-
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