Fijar por ley que los desaparecidos fueron 30 mil es imponer una mentira

Dardo Gasparré

La flamante ley de la provincia de Buenos Aires que obliga al Estado a considerar la cifra de 30 mil como valor probado es un nuevo ejemplo del disparate ideológico de la Argentina.  

En Argentina, sabemos, es imposible aburrirse. También es el país en que Kranz Kafka se habría sentido acomplejado por su poca imaginación. La ley de la provincia de Buenos Aires que obliga al Estado, cada vez que hable de desaparecidos, a agregar la cifra de 30 mil como valor probado y a llamar dictadura cívico-militar a la surgida tras el golpe de Estado de 1976 es un nuevo ejemplo del disparate. Por el mismo precio, también se deberá agregar que se trató de un genocidio.

En una primera mirada, no se puede evitar la sorpresa frente a un cuerpo legislativo que intenta imponer una mentira por ley. Graciela Fernández Meijide, en un reportaje publicado hace unos meses en este medio, sostiene su adhesión a las cifras suficientemente trágicas del Nunca Más y considera “claramente simbólica” la de 30 mil desaparecidos. Tiene razón. No existe ningún listado, ningún nombre, ninguna crónica, ninguna denuncia, ningún reclamo concreto que soporte la treintena de miles. El Gobierno nacional ha manifestado que está dispuesto a respetar la famosa cifra como de valor simbólico, decisión que está en el borde mismo de la esquizofrenia. ¿Qué es exactamente un valor simbólico?

Con más realismo, el terrorista arrepentido Luis Labraña ha reconocido que él fue el inventor de esa cifra para calificar a los crímenes de la represión como genocidio y así alcanzar el umbral de calamidad necesario para acceder a los subsidios de Holanda, que increíblemente, o inocentemente, no se les dieron a los damnificados ni a sus familiares (que eran sólo simbólicos), sino se pagaron en cifras globales a la ONG de Madres de Plaza de Mayo, cifras de la que las madres recibieron el 15 por ciento.

Algo parecido ocurrió con alrededor de 22 mil subsidios otorgados por el Estado nacional, innominadamente y, por supuesto, también a algunas de esas entidades que se atribuyeron la titularidad de esas dádivas; un clásico esquema de retornos y mordidas que se ha aplicado en tantos otros casos de ayuda estatal, siempre sospechosos, al menos.

Esos hechos nunca fueron investigados, ni por este Gobierno ni por ningún otro. Si se aparta el velo de la ideología, es posible ver en este tipo de leyes un pacto de impunidad, más que cualquier reivindicación o dolor solidario. Justamente la ideología es la que suele tapar la evidencia contundente. La esperanza de que la gobernadora María Eugenia Vidal vete este dislate mezcla de estalinismo y Moon over Parador puede desvanecerse en la búsqueda permanente de consensos a la que está condenada la mandataria, que debe pagar con alguna contrapartida.

Esta circunstancia se debe conectar con otra situación postergada desde siempre, pese a la solitaria y casi romántica lucha que viene librando el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) y su fundadora, la doctora Victoria Villarruel, para lograr que por lo menos se reconociera la existencia de 1.094 muertos y más de 17 mil víctimas del terrorismo organizado que ella ha detallado una por una en su libro Los otros muertos, escrito en colaboración con Carlos Manfroni. Nuevamente, más allá de toda ideología, aquí también se debaten otros hechos. La ley que, con discutible juridicidad, anuló el indulto del presidente Carlos Menem a represores y mantuvo el indulto a terroristas, lo hizo bajo la argumentación, dialéctica más que jurídica, de que unos se trataban de crímenes de lesa humanidad y otros no. Eso no es lo que dice el Estatuto de Roma, dictado por la Corte Internacional Penal, que incluye ambos crímenes en esa categoría, ni ningún otro instrumento legal internacional. Menos aún la Constitución.

Si, como pide el Celtyv, esos casos fueran declarados imprescriptibles y esos terroristas fueran juzgados por estos asesinatos y crímenes, entrarían en zona de riesgo muchas figuras del peronismo que aún hoy participan de la vida política, y que fueron en muchos casos funcionarios importantes del Gobierno anterior. Y cabe recordar que algunos de estos asesinatos fueron confesados con orgullo públicamente. No debe sorprender entonces la cerrada unanimidad con que cualquier planteo en el sentido de que se investiguen y penen los crímenes del terrorismo, muchos de ellos anteriores a 1976, sea rebatido por quienes enarbolan los derechos humanos de los guerrilleros, reales y “simbólicos”.

La señora Fernández Meijide, de opinión mesurada y respetada en este tema, sin embargo tiene el mismo discurso que los autodenominados exterroristas o que la señora de Kirchner en este punto. En el reportaje citado anteriormente, la ex legisladora sostiene que la mayoría de los asesinos están muertos, y que juzgar esos crímenes no tiene ya sentido. No resulta fácil comprender cómo los que sostienen ese razonamiento han llegado a determinar quiénes son los asesinos de las víctimas del terrorismo, cómo saben que esos asesinos están muertos, y sobre qué concluyen que no hace sentido investigar sus crímenes. La lógica institucional clama porque esa decisión la tomen los jueces, no que sea fruto de declaraciones, opiniones, normas o consignas. Sin una imprescindible investigación y fallo posterior, esas consignas pasan a ser meramente parte del relato. Simplemente decretar por la vía mediática que los crímenes del terrorismo no son judiciables no es una posición aceptable. Más bien es una lamentable segunda parte de la historia oficial, esta vez escrita con la otra mano.

Para mostrar la confusión del Estado, fruto de tantas dialécticas y relatos, basta analizar la intervención en el tema de la ley que se menciona al principio del secretario de Derechos Humanos de la provincia, que se permite disciplinar a la opinión pública como si fuera un preceptor de niños molestos, explicando que el tema “no debe discutirse más y punto”. Se sigue recurriendo a todo tipo de órdenes, descalificaciones y diatribas, nunca a los fiscales ni a los jueces.

La corrección política, que a esta altura está claro que es una herramienta perfectamente desarrollada e instalada por el vasto hemisferio de la izquierda, ha paralizado a muchos sectores del periodismo, de los comunicadores y del Congreso, y ha colaborado para sepultar cualquier intento de hablar de estos aspectos, ante el temor de ser acusado de “golpista”, “amigo de Videla”, “nazi” o “genocida”.

En ese deliberado oscurantismo, la ciudanía independiente tiene derecho a pensar que detrás de la discusión supuestamente ideológica está el temor a la Justicia tanto en los casos de terrorismo guerrillero como en los casos de delitos económicos relacionados con el festival de subsidios. Y probablemente acierte.

Porque lo que no debería olvidarse, y se está olvidando todos los días, es el derecho que tiene la sociedad de hoy, y las futuras, a saber la verdad. Pero toda la verdad. Esa fue la promesa más importante de Mauricio Macri al asumir la Presidencia. Su cumplimiento no admite gradualismos.

Twitter:@dardogasparre